SALUD Y PREVENCION: La medicina laboral afronta una reforma con recortes

Los profesionales tienen claro que el único objetivo que tiene el Real Decreto (RD), que se prevé se apruebe en estos días, es «abaratar costes y disminuir recursos». Sin embargo esta actuación sólo conseguirá reducir, de forma «muy importante, la calidad de la actividad sanitaria de los servicios de prevención de riesgos laborales, lo que redundará en una peor prevención de la enfermedad y en las posibilidades de mejora de los problemas de salud de los trabajadores», asegura Felipe Rodríguez, presidente de la Sociedad Canaria de Medicina del Trabajo (Socameset).
En varias ocasiones, desde que se anunció la reforma del anterior RD, la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo (Semst) ha trasmitido al Gobierno central, por diferentes vías, su disconformidad con gran parte del contenido del proyecto y borrador de esta nueva normativa, por el que se establecen los requisitos técnicos y condiciones mínimas para la autorización y seguimiento de la actividad sanitaria de los servicios de prevención, indica Rodríguez.
El responsable de Socameset resalta la importancia del trabajo que se desarrollan en las unidades básicas de salud laboral (UBS) : «la vigilancia de la salud tanto individual y colectiva de los trabajadores».
Rodríguez explica que cada UBS, que está formada por un médico y un enfermero, ambos con la especialidad en Trabajo, atiende a mil trabajadores y «ahora, quieren aumentar la asistencia hasta 2.000 trabajadores solo para reducir costes debido a la crisis económica que se sufre». «Además -añadió el especialista- la media de tiempo de consulta que ahora es de 30 minutos, se reducirá a 15 minutos por la sobrecarga de pacientes».
En opinión del presidente de la citada sociedad, con la normativa que entrará en vigor en breve el Gobierno trata de cumplir los requisitos de los países europeos para aplicar el Plan Bolonia. Pero, no quiere ver que el resto de Europa camina por otros derroteros».
La Semst remitió el 16 mayo una carta a la directora general de Salud Pública, Carmen Amelia Heras, en la que le plantea unas «correcciones al RD antes de que lo apruebe el Consejo de Estado y para evitar una disminución de la calidad asistencial y de la salud de los trabajadores».
Se trata, entre otros, del artículo 4 punto 2 donde dice que «los enfermeros deberán ser especialistas en enfermería del trabajo o diplomados en medicina de empresa, debería decir que los enfermeros deberán ser especialistas en enfermería del trabajo». En el punto 3 donde dice «con carácter general, hasta dos mil trabajadores, una UBS, debería decir «con carácter general, hasta mil trabajadores, una UBS».