La mayoría de ellas reclaman la simplificación de la tramitación y un mayor uso de los medios electrónicos en su relación con las Administraciones. La patronal calcula que la eliminación o la corrección de esas medidas podría suponer un ahorro para las compañías de hasta 778 millones al año.
Aunque gran parte de las cargas detectadas proceden de la Administración general del Estado (un 49,2%), el informe subraya que la capacidad normativa del Estado "es muy limitada ya que una parte muy considerable de las competencias legales y reglamentarias han sido transferidas a las comunidades autónomas". Esa transferencia, en su opinión, ha dificultado la definición precisa de estas cargas identificadas para varias autonomías. El estudio también identifica otros 116 trámites que serán analizados a lo largo de este año.
CEOE exige eliminar 59 trámites para ahorrar 778 millones al año
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