Confiaba en el pacto entre patronal y sindicatos, pero esa posibilidad ha fracasado.
Ahora tiene que legislar, pero tampoco esa parece la vía óptima.
Los arbitrajes obligatorios en materia laboral son inconstitucionales.
Así que Trabajo busca una fórmula jurídica que imponga su uso por la fuerza de los hechos sin que llegue a ser obligatorio legalmente, según explicó ayer el ministro del ramo, Valeriano Gómez.
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