Hoy se vuelven a reunir los máximos representantes de CC OO, UGT y CEOE-Cepyme para intentar salvar in extremis el acuerdo sobre la reforma de la negociación colectiva.
Sin embargo, ninguna de las partes es optimista al respecto, después de que la reunión del lunes terminara con un giro inesperado en las peticiones patronales, ya que los empresarios recuperaron su programa de máximos en la negociación, con el consiguiente retroceso en lo ya pactado.
El acuerdo estaba avanzado hasta el punto en que los negociadores habían llamado a Valeriano Gómez para que se incorporara al final de la reunión y presentarle el pacto, según explicó ayer el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo.
Este cambio de los representantes patronales obedece, en principio, al mandato de la junta directiva de CEOE, que consideró la semana pasada que el borrador del acuerdo al que habían llegado los negociadores empresariales, encabezados por su presidente, Juan Rosell, no respondía a las expectativas de la patronal.
Sobre todo, a sectores vinculados a la construcción, la industria y la confederación de empresarios madrileños.
Además, los sindicatos acusan a CEOE de haber forzado este retroceso en la negociación al considerar que el actual Gobierno no va a tener tiempo ni la aritmética parlamentaria necesaria para aprobar una reforma en profundidad de los convenios; y, en consecuencia, reprochan a los empresarios que confíen en que un futuro Ejecutivo del PP sea el que haga la reforma que quieren los empresarios.
El propio ministro de Trabajo comparte esta interpretación.
Así, Gómez aseguró ayer, que el resultado electoral de las municipales "ha podido influir en la posición de unos y de otros, sobre todo de los empresarios".
Si bien añadió que "si alguien en CEOE piensa que es mejor esperar a un cambio político se equivoca", porque, según añadió, una victoria del PP es solo una "hipótesis" y la realidad es que España necesita la reforma de los convenios cuanto antes.
Los cambios que vienen
La reforma que prepara Trabajo recogerá, según Gómez, un "equilibrio" entre las posiciones patronales y sindicales. Así, en dos de los aspectos más polémicos: la prórroga automática de los convenios cuando estos terminan su vigencia y no hay acuerdo para su renovación (conocida como ultraactividad), y la flexibilidad interna, sobre todo a la hora de hacer descuelgues salariales, la intención de Trabajo es que la ley remita ambos asuntos a mecanismos de arbitraje.
Si bien esto ya existe en cierto modo en la actualidad.
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