En todos los rebaños hay una oveja negra y en el mercado laboral español ésa es el contrato a tiempo parcial. No importan las reformas legales que se hagan a esta modalidad contractual, o los incentivos que se le apliquen; ni los empresarios ni los trabajadores lo quieren como una primera opción.
En la actualidad, solo el 14,1% de los ocupados tiene uno de estos contratos a tiempo parcial. Y a más de la mitad de este colectivo le gustaría tener jornada completa, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Después de los casi nulos resultados ofrecidos por la reforma laboral de 2010, el Gobierno quiere dar una nueva vuelta de tuerca a la legislación laboral y le ha tocado al contrato a tiempo parcial.
Dada la gravedad de la situación del mercado laboral español con casi cinco millones de parados (el 21% de su población activa), el Gobierno está negociando con los interlocutores sociales nuevas modificaciones. Pero, según anunció la ministra de Economía, Elena Salgado, el domingo, el Ejecutivo no quiere esperar ahora a llegar a un pacto con patronal y sindicatos y desea aprobar la reforma de estos contratos en el Consejo de Ministros del 19 de agosto, por considerar que ésta podía ser una espita para que los empresarios empiecen a crear empleo.
No es la primera vez que esto se intenta, ya que en los últimos 15 años el contrato a tiempo parcial ha experimentado varias reformas y ha estado bonificado de forma intermitente. Con todo ello, solo se ha conseguido que el porcentaje de utilización de esta modalidad contractual pasara de estar entre el 8%-10% del total de trabajadores al 12%-14% actual.
Propuesta del Gobierno
Las últimas reuniones tripartitas han dejado especialmente mal sabor de boca a los sindicatos, a los que no les gusta nada la reforma de este contrato propuesta por los responsables del Ministerio de Trabajo.
El propio ministro del ramo, Valeriano Gómez, ha insistido en que los contratos a tiempo parcial tengan el 10% de su jornada flexible de forma obligatoria. La distribución de estas horas flexibles quedaría a discreción del empresario, tanto en los días en los que se trabajen, como en la "franja horaria" en la que decida el patrón. Además, el Ejecutivo pretende recortar de siete a tres días el plazo con el que el trabajador debe ser informado de cuándo tiene que ir a realizar su parte de jornada flexible. En la actualidad, este modelo de contrato no tenía ningún porcentaje de jornada a discreción del empleador y sí un volumen de horas complementarias, que se pactaban entre la empresa y el trabajador de forma voluntaria. A cambio de estas modificaciones, el Gobierno propone incentivar a los trabajadores equiparando prácticamente a efectos de horas cotizadas la jornada parcial a la completa. Así, la cotización de cada hora trabajada a tiempo parcial se multiplicará por 1,75 (en la actualidad es por 1,5), con la intención de que esta modalidad no penalice la cuantía de la pensión futura.
Raquel Pascual - Madrid - 09/08/2011
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