El pasado mayo el Gobierno abrió un periodo de gracia hasta el 31 de julio para que los empresarios que tuvieran empleados sin dar de alta en la Seguridad Social pudieran hacerlo sin ser sancionados ni pagar las cuotas que se tendrían que haber pagado desde que comenzó la relación laboral. Bastaba con que el empleador diera de alta al empleado con cualquier tipo de contrato. Es decir, una amnistía encubierta. Además, se anunció que desde el 1 de agosto las sanciones por las infracciones ante la Seguridad Social aumentarían considerablemente y se crearon sanciones nuevas como la prohibición de contratar con la Administración o la de acceder a ayudas públicas.
Ni por esas. El empleo sumergido -algo muy complejo de cuantificar, la última estimación conocida, publicada por Funcas, habla de entre 4 y 4,7 millones de empleos entre 2005 y 2008- no aflora con intensidad. El propio diseño del plan hace difícil cuantificar el resultado final. No obstante, el más indicador más aproximado es ese de las altas fuera de plazo, apenas un 10% más que en el mismo plazo del año anterior.
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