Lo que quiere el Gobierno es que las empresas empiecen a pagar un 30% del salario que ahora reciben las trabajadoras a cargo de las mutuas y de la Seguridad Social cuando están de baja por riesgo en el embarazo o durante la lactancia del niño.
De esta forma se pretende mejorar la definición legal de la prestación, su finalidad, y vincularla en mayor medida a los Servicios Públicos de Salud.
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